Piden casi cinco años de cárcel para el exalcalde del pueblo granadino de El Pinar por acoso y agresión sexual

Francisco Titos fue procesado el pasado 2 de abril por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva, competente en Violencia Sobre la Mujer. Ya el pasado noviembre de 2023 presentó su dimisión y fuentes del PP confirmaron entonces que también había formalizado su baja en el partido.

En su momento dijo que dejaba la alcaldía del municipio del Valle del Lecrín, de poco más de mil habitantes, por motivos de salud. Sin embargo, poco después se supo que la edil le había denunciado por los motivos mencionados más arriba.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía también solicita que sea condenado a veinte meses de inhabilitación especial para ejercer como alcalde o como cualquier otro cargo político. Y suma otros cuatro años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.

Además de varios años de libertad vigilada y de las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la concejal, la fiscal solicita que el exalcalde la indemnice en 25.000 euros por los «perjuicios psicológicos y el daño moral» sufridos.

Según su relato, esta concejal del PP y el entonces alcalde «compartían despacho y por su desempeño laboral, habían de acudir juntos a determinados actos». En principio, entre 2021 y 2022, su relación «era estrictamente laboral». No obstante, a partir de agosto de 2022 y hasta noviembre de 2023, la edil «se vio sometida a un trato absolutamente denigrante« que incluyó en varias ocasiones »sometimientos que atacaron su libertad sexual«.

Alude así la Fiscalía a «proposiciones intimidantes» o «comportamientos desairados» cuando la presunta víctima se negaba, y un tono «fuera de lugar» con comentarios incluso relativos a su apariencia externa. Todo ello provocó que la edil pidiera la baja laboral por las repercusiones psicológicas que le provocó el comportamiento «gravemente intimidatorio, hostil y humillante» de Titos.

A partir de este momento alude la Fiscalía a un «plan sistemático de atentar contra la libertad sexual de la edil» por parte del investigado, con diversas agresiones sexuales que presuntamente perpetró aprovechando momentos en los que estaban a solas por trabajo. Recalca el escrito la reiterada negativa de la víctima, así como la «ansiedad y el »miedo« y los daños psicológicos que toda esta situación le generaron y que le llevaron a denunciar su caso.

La acusación particular pide por su parte siete años de cárcel por un delito de acoso sexual y otro continuado de agresión sexual. Además de pedir órdenes prohibición de comunicación y alejamiento, y de varios años de libertad vigilada, reclama que Francisco Titos la indemnice en 35.000 euros por los perjuicios psicológicos sufridos y los daños morales causados.