El juez rechaza el recurso de la Fiscalía y seguirá investigando la filtración de datos del novio de Ayuso

“La admisión y práctica de las diligencias de prueba, se ha hecho de manera coherente con el contenido de las mismas, así, como en cuanto a quién corresponde diligenciarlas y francamente, con la proporcionalidad que resulta obligada, al menos inicialmente y a resultas de su resultado”, señala el magistrado Francisco José Goyena, que asegura haber buscado una fórmula que “no supusiera una penosa intromisión en una institución como es el Ministerio Fiscal, evitando, si puede ser, el espectáculo de la actuación policial”.

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De esta manera, el magistrado defiende que no ha asumido de forma acrítica de González Amador. “Calificar de prospectiva la investigación resulta difícil de entender”, asevera. La causa parte de una nota de prensa oficial que difundió la Fiscalía para aclarar informaciones equivocadas sobre un supuesto pacto negociado por correo electrónico entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso.

Fue en este contexto cuando el Ministerio Público dio a conocer la cronología de las diligencias y citas textuales de los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, para aclarar que había sido la defensa quien intentó llegar a un acuerdo de conformidad para evitar ir a juicio, reconociendo «ciertamente» dos delitos contra la Hacienda Pública.

En la querella la pareja de Ayuso denunció que con el mencionado comunicado se produjo «la revelación pública de absolutamente toda la intimidad (secreto) e información tributaria, procesal y de defensa asociada a Alberto González Amador que han tenido a mano los denunciados representantes del Ministerio Fiscal por razón de su cargo. Ningún secreto ni dato personal más podría haber sido revelado y hecho público».

Fue el pasado 17 de mayo cuando Goyena abrió una causa penal y se dirigió a la Fiscalía para que identificara al "máximo responsable" de la nota de prensa. En este sentido, el testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, citada como testigo el próximo 13 de junio, puede aclarar quién dio la orden.

Cabe recordar que la implicación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobrevuela en esta causa, al haber asumido públicamente la "responsabilidad última" de dicha nota.