Castilla y León entra en peligro medio de incendios a 30 grados

Es la fecha fijada en este ejercicio para el arranque de la campaña de riesgo alto, que durará cuatro meses. La semana previa se irán incorporando los efectivos en base a ese peligro medio, explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien, como ya hubiera hecho en otras ocasiones, no augura una temporada especialmente complicada.

Se aferra para ello a las mejoras en los dos últimos años en materia de personal en el operativo, que concentrará este año un presupuesto similar al de 2023, de unos 143 millones. A ello suma que la meteorología ha acompañado en esta primavera y al menos el punto de partida es mejor que el del terrible 2022. «Estamos más preparados. Será complicado» llegar a una «situación similar». Ello si no se repiten en verano aquellas «condiciones» que dieron lugar a «incendios catastróficos», advirtió.

Y en el marco de la lucha contra los incendios forestales encuadró ayer también el consejero un nuevo decreto aprobado en Consejo de Gobierno para la actualización de la normativa que regulan las autorizaciones de cambio de uso forestal, que permitirá modificar la estructura del territorio «para que sea más resiliente frente a los incendios forestales y los nuevos desafíos del cambio climático».

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El proyecto de decreto establece las condiciones y supuestos en los que podrá autorizarse toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte tal consideración con el ánimo de permitir la modificación de la estructura de un territorio que poco tiene que ver con el dibujado cuando la anterior norma en los noventa. El éxodo rural y el abandono de los cultivos, unido al aumento de la masa forestal y al minifundio privado, dejan un nuevo escenario en el que se busca el aprovechamiento de recursos que favorezca la «prevención» de incendios e impulse el establecimiento de actividad y empleo.

Cultivo, concentración parcelaria, ordenación del territorio y planeamiento urbanístico y de uso excepcional en suelo rústico. Son las posibilidades de cambio de uso del suelo forestal que recoge este decreto, que contempla un procedimiento ordinario y otro abreviado para ofrecer una tramitación simplificada de dos meses y facilitar que «aniden de forma más sencilla» esas alternativas de actividad agrícola, industrial y, en definitiva, cualquiera que genere oportunidades y contribuya a cuidar el monte «sin afectar a la biodiversidad y los valore naturales», concluyó Suárez-Quiñones.