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El guardia civil que lideró la red de proxenetismo que destapó la Operación Carioca esquiva la prisión

Cuatro de los cinco investigados aceptan penas mínimas que no los llevarán a prisión

Penas mínimas para liquidar la causa de proxenetismo con más páginas de España

El juicio de la pieza principal de la Operación Carioca se ha celebrado en la Audiencia de Lugo

J. Hierro

Santiago

Han sido necesarios 16 años para sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo a los acusados en el sumario más voluminoso sobre proxenetismo jamás instruido por la justicia española. Pero si la causa ya llegó a la sala de vistas desinflada, ha quedado reducida a –casi– nada tras dos días de juicio exprés. Cuatro de los cinco investigados, un guardia civil y tres dueños de prostíbulos de la provincia, han conseguido arrancar penas mínimas tras un pacto con la Fiscalía con el que reconocieron los hechos. Y el quinto de los encausados, otro guardia civil, que no quiso pactar para defender su inocencia, se enfrentará a una pena casi testimonial.

Armando L. era un agente de los equipos Emume de la Guardia Civil que en teoría debería velar por las mujeres y que los clubes nocturnos en los que trabajaban cumplieran la normativa vigente. Nada más lejos de la realidad: se dedicaba a alertar a los dueños de los clubes de alterne –los tres acusados– sobre las redadas y las inspecciones que se iban a hacer en sus locales. Como contrapartida, el policía era agasajado con servicios sexuales y a veces con dinero.

En síntesis, esto ha sido lo que han reconocido en el juicio tanto el guardia civil que lideró la trama destapada por la Operación Carioca como los dueños de los prostíbulos Queens, Eros y Eclipse, José Manuel G., Marcos G. y Jesús G., respectivamente. Ninguno de ellos entrará a prisión por la operación, aunque uno de los proxenetas está en la cárcel cumpliendo condena por otra causa. De hecho, el martes declaró en el juicio por videoconferencia desde la prisión.

El que se enfrentaba a la mayor pena era el guardia civil Armando L. Pero tras su pacto con la Fiscalía, su condena quedará rebajada hasta los cuatro años y dos mes de prisión. Sin embargo, no los cumplirá. La fiscal ha aceptado que se le suspenda la pena tras acreditar unos problemas de salud con los que esquivará las rejas.

En el caso de los dueños de los tres prostíbulos, la fiscal reclamaba una pena que ya no superaba el año y medio de prisión. Finalmente, tras reconocer los hechos y pactar con la representante del Ministerio Público, esa pena se queda en una multa. Los tres estaban acusados de un delito de cohecho pasivo. Todas estas rebajas se explican, sobre todo, por la aplicación de dilaciones indebidas y la reparación del daño.

El único que ha optado por defenderse, pese a que solo se enfrentaría a una pena de nueve meses de prisión, es el guardia civil Julio B., superior del cabecilla de la trama. A tratar de dilucidar su implicación se ha dedicado la mayor parte de la sesión del juicio de este miércoles, que ya ha quedado visto para sentencia. Aseguró que él no tiene «nada que ver con la Carioca», pero dice que lo sentenció «un comentario» sobre la jueza instructora, Pilar de Lara.

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