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Duro golpe para las VUT de Santiago: «Es un engaño de nuestros políticos»

El Concello ha informado que no será posible regularizar las viviendas de uso turístico preexistentes a la modificación del PXOM en vigor, en febrero de 2023, que afecta a unas 600 familias

Imagen de la rueda de prensa celebrada este martes MIGUEL MUÑIZ

Noela Vázquez

Santiago

La capital gallega someterá al Pleno la nueva ordenanza por la que se regulan los requisitos y la documentación que deben incluir las personas que quieran ofrecer una vivienda como alojamiento turístico durante un máximo de 60 días al año. Así lo explicaron este martes en una rueda de prenda la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, después de haber puesto en común el documento con las entidades que representan a los sectores involucrados en el ámbito del uso turístico de la vivienda, Aviturga y Previturga. Se trata, como indicó el edil, de un texto que "solo regula la forma de comunicar al Concello los usos asimilados al de vivienda", pero no de aquellas preexistentes al PXOM en vigor, modificado en febrero de 2023. Es decir, pese a las promesas hechas, esas viviendas no podrán regularizarse y continuar con su actividad. Es, según el portavoz de Aviturga, Óscar Soneira, un "engaño total", tanto del anterior gobierno como del actual, por el que 600 familias no podrán retomar el uso turístico de unas 700 viviendas a pesar de que cumplían los criterios del anterior Plan de ordenación municipal. Ahora, indica, el único paso que queda por tomar es ir a los juzgados.

"En el debate sobre la modificación del PXOM en el pasado mandato, se recogió la posibilidad de que hubiese una ordenanza de usos preexistentes", indicó la alcaldesa de la ciudad. En aquel momento, continuó Sanmartín, "entendíamos que había algunas demandas que podrían, en todo caso, dirimirse, debatirse y decidirse en una disposición transitoria que figurase en esa misma modificación". Pero al no hacerse, explicó, "los informes jurídicos concluyen" que "no es posible regularizar las actividades preexistentes". Esto, explicó, sería "incompatible" con el planeamiento vigente en la actualidad, puesto que "una vez aprobada una nueva ordenación de usos, no es posible obtener un título habilitante" para llevar a cabo usos contrarios a la modificación. Con todo, la alcaldesa optó por "no obviar" que la consulta pública que se hizo y el debate existente hace algo más de un año "generó unas expectativas", que, reconoció, finalmente "son imposibles de materializar".

Actualmente, según los datos urbanísticos traslados por el Concello, hay 58 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital que tienen título habilitante municipal. De ellas, 24 cumplen la normativa urbanística vigente, "y por lo tanto su situación no varía", y otras 34 la cumplían la ordenanza anterior, pero no la de la modificación. Además, según los datos del REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas), "que no tienen validez urbanística" pero da "una idea" de la situación en la ciudad, recalcó Lestegás, había en abril 816 VUT, de las que 170 estarían en localizaciones que sí cumplen con el PXOM actual,–es decir, en los bajos y en los primeros que están permitidos–.

Por su parte, la ordenanza presentada estos días por el Concello "culmina el proceso normativo sobre los usos de parque residencial", ya previstos en el artículo 107 del PXOM en vigor, y establece los requisitos y la documentación que deben presentar aquellas personas interesadas en ofrecer su vivienda como alojamiento turístico por un máximo de 60 días al año. Según indicó Lestegás, podrán hacerlo todos aquellos propietarios de una vivienda fuera del casco histórico, siempre que puedan demostrar que se usa como residencia habitual de una persona física durante al menos 183 días al año, además de aportar la documentación requerida por la administración local. Asimismo, en el documento, que durante las próximas semanas se llevará al Pleno, también se prevé el proceso para comunicar el alquiler por cuartos, aunque no se podrá desarrollar hasta que esté amparado por la normativa sectorial de la Xunta.

Afecta a 600 familias

De este modo, las personas que estaban pendientes de esta noticia desde hace algo más de un año pierden la esperanza de poder regularizar el uso turístico de sus viviendas, que sí cumplían con la normativa urbanística anterior. Es, en palabras del portavoz de Aviturga, un "engaño total de nuestros políticos". "Goretti Sanmartín nos dijo varias veces" que "iban a buscar el encaje" para que "la gente que estaba funcionando antes de la modificación del plan urbanístico pudiese operar", asegura en conversación con ABC. Falsas promesas de las que también acusa al anterior mandato del Partido Socialista que, considera, "mintió vilmente", diciendo que dejarían pendiente "hacer una ordenanza para incorporar los usos preexistentes", que, finalmente, no pudo ser. Una noticia que afecta a unas 700 viviendas de 600 familias, a las que solo les queda un único camino posible, el judicial. "Uno a uno", explica Soneira, "los vecinos que quieran tendrán que lucharlo en los juzgados".

Al respecto también se pronunció la socialista Mercedes Rosón, que acusó a Goretti no solo "de incumplir sus promesas electorales", sino de hacer "justamente lo contrario" con una ordenanza que prometía regularizar los usos preexistentes de las VUT y que, finalmente, solo contempla aquellas viviendas habituales que se quieran dedicar al alojamiento turístico durante un máximo de 60 días al año. "Prometió por encima de sus expectativas y hoy se ven truncadas", dijo, acusándola de aprovechar la crispación que generó esta polémica en la ciudad con motivos electoralistas. Algo que "ahora se le pone en contra" porque, aseguró, "prometió a las distintas partes implicadas una cosa y la contraria".

Del mismo modo, el popular Borja Verea consideró la noticia "preocupante", indicando que "queda demostrado que Goretti Sanmartín dice una cosa y hace la contraria". "El BNG prometió a las familias con VUTS durante la campaña que iba a regularizar su situación y lo que pretende hacer ahora es ilegalizarlas todas", aseguró, lamentando que la posibilidad de alquilar una vivienda convencional como turística dos meses al año va a "destrozar el mercado", porque, entre otras cosas, es una medida que "fomenta los alquileres temporales y no los permanentes".

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