Seis mandatos de la ONU acusan el régimen cubano por violaciones sistémicas del debido proceso

Privación de libertad sin tutela judicial, inexistencia de abogados independientes, dependencia de fiscales y jueces del poder político, peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación, criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, delitos insuficientes, manipulables por su falta de concreción, procesos sumarios y tribunales militares usados contra los civiles, constituyen las principales transgresiones de Cuba al debido proceso.

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Javier Larrondo, presidente de PD, explicó a ABC que estas «son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y, en particular, a los más de 1 500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders solo desde 2021».

PD expone que los seis mandatos concluyen, además, indicando que «las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata» y que «el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias podría también remitir un caso a través de su procedimiento ordinario», por lo que advierten de que «podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro», a pesar de «que hemos estado en contacto con el Gobierno».

Desde 2019, PD ha documentado cientos de casos de presos políticos, logró demostrar la detención de entre 5.000 y 8.000 personas por manifestarse en contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021 (11-J), así como ha presentado varias denuncias al régimen cubano ante Naciones Unidas que van desde la represión, detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos y torturas a los prisioneros, hasta la esclavitud en las misiones médicas internacionalistas.

«La advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo, por los presos políticos en Cuba y la falta total del debido proceso, alimenta la esperanza para la liberación de todos los presos políticos en Cuba», afirmó Larrondo.

El presidente de PD expresó el compromiso de la organización de seguir trabajando para «erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba».

Asimismo, avisó al régimen cubano «que nuestro trabajo con los distintos mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas resultarán, dada la gravedad de los hechos, en condenas sucesivas durante los próximos meses que no tendrán precedente ni siquiera en los procedimientos especiales».

«Con ello, queremos lazar un claro mensaje al régimen, van a venir durísimos golpes para el régimen, de mantener a los presos políticos encarcelados, por lo que exigimos su completa liberación», sentenció Larrondo.

Hasta el momento, no consta que el gobierno de Cuba haya respondido a las acusaciones en el plazo estipulado de 60 días.