La amnistía marcó el discurso político más duro del Día de Castilla-La Mancha

A nivel político nacional el día 31 de mayo estaba señalado tras la aprobación inédita en la vida política española de una Ley de Amnistía en unas condiciones como las de este momento, muy diferentes a la que se produjo tras la larga dictadura franquista. Ahora una mayoría apunta a que se basa en un mero interés político el Gobierno de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder y además origina desigualdad en el escenario de las comunidades autónomas. Por eso se hacían esperar sobre todo las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los pocos líderes socialistas críticos con buena parte de las políticas del Gobierno central.

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El titular de Page sobre su clara oposición a la mencionada ley tiene el añadido de sumarse a la iniciativa de comunidades gobernadas por el PP, ya que anunció que solicitará un informe al Consejo Consultivo para ver las posibilidades de llevar la ley al Constitucional, ya que «la convivencia es lo contrario a cualquier tipo de chantaje», y además «el perdón no se contrata», en alusión a los independentistas.

Lo llamativo de los discursos de los representantes del acto institucional del viernes en Toledo no fue que los tres coincidieran en las críticas directas a la decisión del Gobierno en aprobar la ley de Amnistía, sino que son de partidos diferentes: Page y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, del PSOE, y el alcalde toledano, Carlos Velázquez, del Partido Popular, que ya en la campaña viene señalando esta cuestión, como el resto de su partido.

Fue precisamente Carlos Velázquez el que abrió los discursos solicitando en su intervención «tender puentes» y «no levantar muros» tras la aprobación este jueves de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados y ha reivindicado el carácter igualitario de la «gran obra de la transición».

Velázquez aprovechó su intervención para reivindicar «el contenido, los principios y valores» de la Constitución Española, que «establece que todos los españoles somos iguales» y que «se fundamenta en la indisoluble unidad española».

En este punto, pidió «tender puentes» y no «levantar muros», apostando «por la concordia y no por la división o el enfrentamiento», poniendo de ejemplo a Toledo como una ciudad en la «todos conviven y disfrutan en paz».

Por su parte, en el apartado más político, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, pidió a los grupos políticos de la Comunidad Autónoma que no se «contaminen» de la «dinámica de falta de respeto» imperante en el panorama político del país. «Juntos podemos mejorar Castilla-La Mancha y España».

Insistió en que la política debe esforzarse en parecerse más a la sociedad que representa, «que es respetuosa». «Tenemos que esforzarnos por dejar de ofendernos y eso pasa por que no se aplauda más al que insulta, sino al que es capaz de hacer una propuesta colectiva y al que cede, porque es el que tiene convicciones y puede buscar consensos», manifestó.

Tras asegurar que Castilla-La Mancha ha contribuido a «ser un factor de cohesión, de unión de nuestro país», indicó que «las regiones están para vertebrar nuestro país y no para dividirlo, hemos hecho lo posible por sumar y prestar servicios públicos y acercarlos a la ciudadanía. Todo esto lo hemos hecho con gran esfuerzo los gobiernos y los parlamentos, pero fundamentalmente la sociedad».

El mensaje de García-Page, con repercusión nacional, se centró en posicionarse como una barrera para impedir que la ley de Amnistía salga adelante, y eso a través de procedimientos legales, como los anunciados por presidentes autonómicos del PP. Así, aseguró que el Gobierno regional pedirá «esta semana» al Consejo Consultivo de la región un informe sobre la Ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, con el «deseo» de que dé «vía libre» para que la región «se defienda» en el Tribunal Constitucional ante lo que considera «una agresión al concepto de igualdad».

García-Page aseguró que se va a pedir al Consejo Consultivo que «indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional» cuáles son las posibilidades de que se pueda producir esa «defensa» ante el Tribunal Constitucional.

«Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés», añadió.

El presidente reconoció que «en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes» pero mantuvo que su posición, que es «conocida», es de discrepancia «de fondo», no solo constitucional.

«Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero tengo que decir que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje», dijo.