El alcalde de Fuenlabrada ordena parar las obras del centro de menores inmigrantes y avisa que mandará a la Policía Municipal si no se obedece

El tira y afloja se prolonga ya desde hace varias semanas, concretamente desde que a finales de abril, el Gobierno regional anunciara su intención de construir un tercer centro para atender a menores inmigrantes, que estaría situado en Fuenlabrada. Se uniría a los dos que ya funcionan en la región, concretamente en la capital, una en el distrito de Hortaleza y otra en la casa de Campo.

Pero el alcalde de Fuenlabrada mostró desde el inicio del proceso su oposición a la construcción. Primero, porque no se habían puesto en contacto con él para comunicarle esta decisión ni consultarle sobre ella. Y segundo, porque el espacio sobre el que se pretende instalar el centro, La Cantueña, fue cedido a la Comunidad por el Ayuntamiento mediante un convenio cuyas cláusulas no se ajustan al uso que ahora la Comunidad le quiere dar al recinto, alega.

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Pese a su oposición firme, el Gobierno regional ha seguido adelante con la iniciativa, hasta el punto de que la pasada semana anunció que iniciaba las obras en aplicación de la Ley de Suelo, que según defendía, le permiten hacerlo en casos de urgencia y de interés general. Circunstancias ambas que se dan ahora: el interés de los menores, cuya atención es competencia del Gobierno regional, y la urgencia dada la masiva llegada de inmigrantes que entran en situación irregular al país y que están llegando a Madrid.

Ante este hecho, el alcalde fuenlabreño ha dado un paso adelante, notificando a la Comunidad de Madrid y a la empresa constructora un decreto de paralización «inmediata» de las obras de adaptación del centro de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña. El decreto apela al expediente de reversión del convenio de cesión firmado en su día que está abierto en la actualidad. «No se pueden iniciar obras hasta que este expediente se resuelva y se determine la propiedad de las instalaciones», han precisado fuentes municipales. Por eso, si la Comunidad o la empresa no obedecen el decreto y no paralizan las obras, «lo tendrá que hacer el Ayuntamiento» a través de la Policía Municipal, señala Ep.

Desde el Ayuntamiento fuenlabreño han informado de que el decreto está «sustentado en informes jurídicos». Al tiempo, han vuelto a calificar de «atropello» la intención de la Comunidad de Madrid de transformar el centro sin el consenso municipal.

La Comunidad destinará 7 millones de euros para convertir estas instalaciones en un centro para menores migrantes, con 100 plazas iniciales. El Ayuntamiento cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental. Al incumplirse el convenio, el Ayuntamiento activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones, indican en el Consistorio.

Por su parte, desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, se señala que la Comunidad «en escrupuloso ajuste a la legalidad, ha aplicado el artículo 163 de la Ley del Suelo que nos permite la ejecución inmediata de las obras por razones de urgencia o interés general y ambas circunstancias concurren en este expediente, ya que la ley nos obliga a prestar la atención a los menores que nos llegan de manera inmediata ».

Por ese motivo, concluyen, la «absoluta carencia de fundamento de esta resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada será recurrida de inmediato ante los órganos jurisdiccionales competentes», a fin de que adopten las acciones oportunas para «reconducir al Ayuntamiento de Fuenlabrada a la legalidad».