Valencia suspende un año las licencias para apartamentos turísticos en viviendas residenciales y bajos

El Consistorio municipal ha dado luz verde este martes, con los votos a favor de PP y Vox, que forman el gobierno local, y del PSPV-PSOE y Compromís, a la interrupción de la tramitación y otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros, que afectaría entre otros actores a empresas como Airbnb, con el fin de facilitar el estudio de la reforma de la ordenación urbanística y que esta pueda hacer frente a los fenómenos de «gentrificación» y «turistificación» que sufre la capital del Turia.

La decisión del Ayuntamiento que lidera la 'popular' María José Catalá está apoyada en un exhaustivo estudio de la coyuntura habitacional de Valencia, el cual concluye que el rápido crecimiento de la actividad turística ha generado «transformaciones perceptibles» en la dimensión urbana de la ciudad, ocupando espacios que antes pertenecían en exclusiva a los residentes, lo que «obliga a una necesaria convivencia y equilibrio entre anfitriones e invitados».

De este informe se desprende «de forma incuestionable» que en los últimos tiempos se viene produciendo en la ciudad «un crecimiento constante y exponencial» tanto de la apertura y comercialización en las plataformas digitales de nuevas viviendas turísticas, como de la presentación de nuevos títulos habilitantes dirigidos a la futura implantación de otras muchas.

Así, la suspensión cautelar adoptada por el Ayuntamiento valenciano persigue como «objetivo esencial de interés general» la protección del medio ambiente y del entorno urbano, «que se ven seriamente amenazados por los diferentes efectos negativos que puede provocar la proliferación de viviendas turísticas».

Sobre estos, el documento encargado avisa de la saturación de espacios e infraestructuras públicas, la descompensación de los estándares dotacionales, la desaparición del comercio local tradicional, la orientación al turismo de la prestación de los servicios urbanos y problemas de convivencia con la población residente.

Asimismo, la decisión del Gobierno en coalición de PP y Vox también se basa en garantizar el derecho a disfrutar de una viviendas digna y adecuada, pues el crecimiento «desmesurado» de las de uso turístico está provocando que disminuya la oferta del mercado inmobiliario residencial, aumente el precio de estos alquileres y dificulte «enormemente» el acceso a los jóvenes, retrasando cada vez más la edad de emancipación y frustrando sus expectativas de desarrollar un proyecto vital propio.

De este modo, la propuesta aprobada estima que la suspensión cautelar tiene la suficiente «virtualidad» para impedir que se consoliden numerosas situaciones contrarias a la nueva ordenación urbanística en estudio, aunque no descarta otras medidas de menor intensidad como como convenios con las entidades representativas de los sectores económicos afectados.

El diagnóstico que denota la emergencia habitacional que padece Valencia se fundamenta en una serie de datos que avisan los expertos consultados por el Ayuntamiento. Por ejemplo, la rentabilidad de la actividad turística frente al arrendamiento convencional, el cual ya supone una diferencia del 351%.

Asimismo, llama la atención el incremento de los precios del alquiler siendo Valencia la ciudad con mayor crecimiento: un 63,77% entre los años 2010-2022 y un 44,87% entre 2018 y 2022, concretamente. En cuanto a las viviendas turísticas, la zona con mayor VUT es Ciutat Vella, con un 39%, seguido de Poblats Marítims y Extramurs, aunque da cuenta de que se están propagando por distritos alejados de polos turísticos.

En concreto, de la oferta hotelera de la ciudad de 47.017 plazas, según datos facilitados por la Generalitat en mayo de 2023, hasta 25.489 ya corresponden a viviendas turísticas. Esta situación de la que se hacen eco los informes solicitados por el Consistorio conlleva un riesgo de desbordamiento de la capacidad de acogida de turismo que tiene Valencia, que podría ir en aumento si no se aborda por las Administraciones Públicas competentes la tarea de arbitrar «unos límites racionales y proporcionados que permitan la convivencia pacífica».

Así las cosas, la normativa entiende por licencias de edificación aquellas que tengan la consideración conforme a la vigente normativa estatal y autonómica, incluidas aquellas que consistan en el cambio de los usos del edificio o de una parte del mismo, siempre que su objeto sean nuevos usos terciarios hoteleros. Por el contrario, no afectará a bloques completos de apartamentos turísticos ni hoteles, así como tampoco a la parcelación de terrenos, obras de demolición y reformas que no supongan alteración estructural.

La suspensión se extenderá a todos los barrios de la ciudad, así como zonas ubicadas fuera de Valencia, como son las pedanías de Benimamet, Carpesa, Poble Nou, La Punta, El Palmar, El Saler y El Perellonet, quedando excluidos al ya contar con una regulación específica los distritos de Ciutat Vella y Cabanyal-Canyamelar.

Por otro lado, la alcaldesa Catalá señaló que la moratoria de licencias de apartamentos turísticos servirá para trabajar en la regulación de esta actividad en cuestiones como que «tengan un acceso diferenciado» al resto de viviendas del edificio o que se ubiquen en determinadas plantas.

En cuanto a este tema, la patronal de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTURCV) instó a la primera edil a reunirse para que la suspensión temporal garantice su seguridad jurídica. Al mismo tiempo, criticó a los grupos de la posición por «alentar la campaña contra su actividad, e incluso apoyar a la plataforma que señaliza y vandaliza los alojamientos turísticos legales en plantas bajas».

Este mismo martes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avalaba la gestión turística de la alcaldesa Catalá, a quien atribuye el hito de gestionar nuevas licencias de hoteles que estaban bloqueadas en tiempos del anterior Ejecutivo local liderado por Joan Ribó.

«El canto favorable al turismo es común en la Comunidad Valenciana, pero cada realidad municipal sube o baja el volumen en función de su capacidad, de su disponibilidad de crecimiento y de hacerlo de una manera ordenada, adecuada, que no está reñida con ser ambicioso», ha explicado el jefe del Consell.

Por ello, ha remarcado que Valencia y Alicante «viven realidades turísticas distintas» en cuanto a la propuesta de Catalá de que a partir de 2026 no atraquen en el puerto de la capital del Turia megacruceros -ciudades flotantes-, cuyo guante fue recogido por su homólogo alicantino Luis Barcala para que lleguen a su ciudad, que acapara el 65% del turismo de toda la autonomía.