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El Gobierno desahuciará a más regantes con cultivos expropiados para la desaladora de Torrevieja a cambio de salvar las casas

La superficie ocupada para las placas solares se extiende y afectará a más familias al reservar una zona de protección donde hay viviendas de campo en San Miguel de Salinas

Un agricultor doblemente desahuciado por el Gobierno: «Hemos vivido cuatro familias 30 años y nos quitan de un plumazo»

Afectados y vecinos de San Miguel de Salinas durante una manifestación contra la planta solar, en una imagen difundida por el Ayuntamiento. ABC
José Luis Fernández

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El doble desahucio -con menos agua y ahora también sin tierras- que se avecina sobre algunos agricultores de San Miguel de Salinas (Alicante) porque el Gobierno va a ocupar sus cultivos con placas solares que suministren más energía a la planta desaladora de Torrevieja se ampliará a más afectados previsiblemente. A cambio, se salvarán las casas de campo del derribo, eso sí, a costa de conseguir ese espacio en explotaciones colindantes.

En su conjunto, la futura infraestructura requiere de 200 hectáreas para su implantación y hay una treintena de viviendas, algunas en las que viven permanentemente, otras de fin de semana, y al parecer se podría dejar una zona de 300 metros alrededor sin placas fotovoltaicas, según explica Víctor Sáez, uno de los futuros damnificados, aunque en su caso no tiene casa, pero que perderá 60.000 metros cuadrados de cítricos de los que han vivido cuatro familias desde hace tres décadas, tal como relató a ABC.

Como el proyecto no se va a reducir por esta razón, la empresa Acuamed ha trasladado a los agricultores que tendría que ampliar el terreno de reserva a los lados, lo que entraña que si antes había medio centenar de expropiadas, la cifra se elevaría a unas sesenta familias.

«No nos vale ninguna opción que sea ahí, en el campo de cultivo de San Miguel de Salinas, porque al final la agricultura no está tampoco en su mejor momento», se lamenta este regante del trasvase Tajo-Segura, una dotación de recursos hídricos que también sufrirá un recorte estimado globalmente a la mitad para Alicante, Murcia y Almería a partir de 2027.

A partir de esa fecha, se aplicarán los nuevos caudales ecológicos en el Tajo, que entrañan la merma de un centenar de hectómetros cúbicos al año, aproximadamente, en las transferencias al Segura. Eso, si no se anticipan incluso por la presión de la Junta de Castilla-La Mancha para cambiar cuanto antes las normas de explotación, tal como ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hasta el punto de que este jueves se ha abierto el plazo de consulta pública hasta el próximo 2 de mayo.

El agricultor Víctor Sáez, uno de los afectados por las expropiaciones, en su finca de limones que ocuparán las placas solares. ABC

Mientras se ensombrece el panorama para estos regantes de la zona del Margen Derecho, conocido como el «Canalillo», en lo que se refiere al agua, todavía con más urgencia se les presenta el problema de perder tierras de cultivo fértiles para dar electricidad a la planta desalinizadora -la más grande de Europa- con la que precisamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica recortar los trasvases.

Los agricultores ya piensan en una nuevamanifestación de protesta como las protagonizadas el mes pasado, en la que se han sumado la mayoría de sus vecinos solidariamente e incluso el alcalde socialista, Juan de Dios Fresneda.

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