La Comunidad de Madrid anuncia que la Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería devuelva a la pareja de Ayuso 552.000 euros

Según estas fuentes de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, por el cual debería pagar 340.000€. «Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», afirman.

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«El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas», advierten las fuentes consultadas, después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya asumido esta misma semana la responsabilidad de la filtración de datos personales de la pareja de Ayuso en un comunicado.

«La misma sociedad que la AEAT consideró que era 'pantalla/interpuesta' ahora se reconoce que no lo era», añaden desde la Comunidad de Madrid.

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a esta información sobre la Agencia Tributaria y su pareja que ha adelantado ABC: «Yo no mentí, tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política, donde se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular».

En un acto que ha protagonizado en Guadarrama, la presidenta madrileña ha insistido en que «como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, todo obedece a una cacería política y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno».

El pasado 12 de marzo se hizo público que la Fiscalía Provincial de Madrid había presentado una denuncia contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por presunto fraude en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 detectado en la Agencia Tributaria que ascendería a 350.951,41 euros.

Según la denuncia, los hechos serían constitutivos de dos delitos fiscales por una «conducta defraudadora» consistente en reflejar en la declaración del Impuesto de Sociedades de la mercantil Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» que «no se corresponden con servicios realmente prestados».

La primera reacción de Ayuso fue de escepticismo, según comentaron en su entorno: «Hoy toca al novio. Mañana, quizás a Bolbo, el perro. Está acostumbrada».

Al día siguiente, en rueda de prensa en Leganés, Ayuso negó el fraude fiscal de su novio y aseguró tajante que es «es Hacienda quien le debe casi 600.000 euros». La presidenta madrileña atribuyó la denuncia a una «inspección salvaje» de Hacienda con el único objetivo, a su juicio, de destruirla a ella.

Justo después se supo que Alberto González Amador ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad antes de la denuncia contra él por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros en impuestos mediante facturas falsas. Desde el Partido Popular de Madrid se atribuyó esa oferta de pacto a una «estrategia de defensa».

La juez de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto González para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.