La Audiencia Nacional impone 5 años y 8 meses por cohecho al comisario exjefe de Barajas

En una sentencia notificada este miércoles, los magistrados condenan a tres meses de prisión al único otro acusado en este procedimiento, el «cohechador» que diría Anticorrupción. Se trata del empresario Francisco Menéndez, denunciante de todo el caso Villarejo y que detalló en el procedimiento la lista de pagos que realizó al comisario de Barajas en favor de los ecuatoguineanos, que eran sus clientes.

A lo largo de 208 páginas de resolución, la Sala da por probado que Salamanca, entre junio de 2016 y noviembre de 2017, cuando fue detenido al estallar el caso Tándem, estuvo «aceptando regalos de carácter suntuario, en unos casos –como el del empresario ya fallecido Fernando Luengo Juan- como mera atención y en consideración a su cargo, y en otros casos –como el del también acusado Francisco Menéndez Rubio- como recompensa» a cambio de un «mejor trato» en Barajas a esos clientes, altos cargos de la petrolera de Guinea Ecuatorial Gepetrol.

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En el capítulo de «atenciones», los magistrados incluyen un Porche Cayenne que el empresario fallecido compró «con la exclusiva finalidad de facilitar su uso y disfrute por el acusado Carlos Salamanca» y por el que luego Menéndez pagaría en efectivo 25.000 euros para «dotar de apariencia de legalidad» a la titularidad real del vehículo que ostentaba el comisario. Lo pusieron a nombre del hijo y Menéndez siguió pagándole el mantenimiento.

En cuanto a los regalos como «recompensa», a cambio de trato VIP a los de la petrolera, figuran en la sentencia además de los gastos del Cayenne, un Porche Panamera que compró Menendez y que usaba Salamanca, como evidenciaría que el seguro estaba a su nombre aunque tampoco lo pagaba él, sino el empresario, que le entregaría asimismo diversas cuantías en efectivo que suman 135.000 euros.

Se detallan también en este apartado un Rolex de oro un Hublot, un viaje familiar a Londres «con todos los gastos pagados» y hasta 66.000 euros que Menéndez entregó por indicación y en nombre de Salamanca a unos artistas «amigos del comisario que amenizaban en ocasiones las fiestas y ágapes que este ofrecía a sus familiares, amigos y compañeros» para que pudieran grabar un disco. 

Pero en en ese trato especial a los clientes ecuatoguineanos entraba la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de hacer la vista gorda o facilitar visados a quienes no los traían de origen, de ahí los cargos por delitos contra los derechos de los extranjeros.

Esto, sin embargo, no lo ve probado la Sala, que no encuentra acreditado que Salamanca a sabiendas «se prevaliera de su cargo como comisario jefe del aeropuerto para ordenar que se expidiera por su mera voluntad y de forma arbitraria la autorización administrativa excepcional del visado en frontera en al menos, tres ocasiones», las que mencionaba el fiscal.

«Y tampoco ha quedado acreditado en autos que el acusado Carlos Salamanca Vilches, entre los años 2012 y 2015 haya infringido efectivamente las normas reguladoras del control de inmigración, con abuso de su cargo como Comisario Jefe del Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas, concediendo un tratamiento especial y personalizado, totalmente injustificado, al otro acusado Francisco Menéndez Rubio y a sus clientes ecuatoguineanos, consistentes en transportarlos en vehículos policiales desde la escalerilla del avión», dice la sentencia, que cierra así la puerta al ilícito de prevaricación.

Condena por ello a Salamanca exclusivamente por el delito de cohecho pasivo en su modalidad continuada a cinco años y un mes de prisión, más otro delito de cohecho pasivo impropio por el que le impone siete meses más de cárcel e inhabilitaciones para cargo público de doce años y medio. Tendrá además que restituir al Estado más de 457.000 euros con intereses y no recuperará los relojes de lujo.

Mientras, a Menéndez le condena por cohecho activo por cuenta de un particular, pero aplicando una atenuante analógica de cooperación muy cualificada porque «el reconocimiento de los hechos perpetrados, revelado desde el comienzo de las actuaciones aunque de forma gradual, revela una conducta que contribuyó al íntegro conocimiento de la diversidad delictiva investigada, lo que hace al nombrado acusado merecedor» de esta amortiguación de la pena. La multa, 1.800 euros.