El Gobierno asume la responsabilidad en el bloqueo de la desaladora de Málaga del que culpaba a la Junta

Así lo demuestra la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del senador José Alberto Armijo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Según la contestación del Gobierno, el desarrollo de la nueva desaladora en la Costa del Sol fue incluido como una medida prioritaria en el Real Decreto-ley 4/2023, en respuesta a la sequía que afecta a la región. En el documento se detalla que la Junta de Andalucía había propuesto que esta desaladora fuera ubicada en la Axarquía, con una capacidad prevista de 20 hectómetros cúbicos.

Sin embargo, para llevar a cabo esta actuación, declarada de interés general, es necesario encomendarla a la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), así como contar con un proyecto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La parálisis del proyecto se atribuye a la tramitación de una modificación del segundo Convenio de Gestión Directa de Acuamed, un trámite que corresponde solventar al ministerio de Teresa Ribera. Mientras esta modificación no sea aprobada, la empresa pública no puede avanzar en el impulso del proyecto.

Todo esto ocurre cuando se cumple prácticamente un año desde que el Gobierno se comprometió en campaña electoral a invertir 100 millones de euros en esta infraestructura, una de las grandes obras hídricas pendientes en la provincia, y después de que Teresa Ribera culpara directamente a la Junta de Andalucía del retraso.

La titular de Transición Ecológica aseguró el pasado marzo que el Gobierno andaluz no había facilitado ni los proyectos ni los terrenos necesarios para su ejecución, pese a que la puesta a disposición de los suelos fue enviada al ministerio en enero. Ahora el Ejecutivo da marcha atrás y se contradice, asumiendo la responsabilidad del bloqueo la resolución de este tramitación administrativa.

«Las mentiras tienen las patas muy cortas», ha señalado este lunes José Alberto Armijo al valorar la respuesta de Gobierno junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. Los populares han instado a los socialistas a ser «más rigurosos» en la gestión de proyectos importantes para la región y les han acusado de haber perdido el tiempo con acusaciones a la Junta de Andalucía «como excusa para no hacer nada».

En el escrito, fechado el pasado 3 de abril, el Gobierno explica que no será hasta que se produzca la citada encomienda a Acuamed cuando se podrán estimar los plazos para el desarrollo de la desaladora. Además, se detalla que una vez formalizada la encomienda, Acuamed será la encargada de «redactar el proyecto, así como de su tramitación administrativa y posterior licitación de las obras».