Caso Cerro Muriano: el abogado de la familia del cabo pide al juez militar que archive el expediente a Luis Romero

Esta es la alegación que ha presentado el letrado Francisco José Pérez Romero ante el togado militar encargado del caso que investiga la muerte de dos militares en Cerro Muriano después de que se haya incoado una pieza separada de responsabilidad disciplinaria contra el abogado que representa a la familia del soldado Carlos León, quien perdió la vida, junto al cabo Miguel Ángel Jiménez en la práctica del lago en la base cordobesa.

En las alegaciones a la apertura de esta pieza separada del caso, este letrado expone que esta pieza separada sólo «viene a enturbiar, dilatar y magnificar procesalmente, un complejo proceso judicial, que hasta el día de la fecha, y si por algo ha destacado, es por la pulcritud, acierto, profesionalidad y entrega de todos los profesionales encargados del mismo, siendo estás situaciones solo dilatorias del objeto principal del mismo, que es la búsqueda de la verdad de los hechos acaecidos en el campo de maniobras de Cerro Muriano y como agrandar el dolor de aquellos familiares que sólo buscan el deseo de la practica de una resolución justa que le haga consolar de una perdida tan dura».

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En esta misma línea, ha abundado el letrado de los padres del cabo cordobés, que «sin que suene a tintes románticos o decimonónicos, recordar que estamos tratando (o jugando), con el sufrimiento de unos padres, hermanos, viuda, y amigos, que sólo queremos que el honor de nuestros seres queridos no se vea mermado, que se recuerde la entrega y valentía de los militares que en acto de servicio, y por entrega a nuestra Patria, han entregado su vida como auténticos héroes, y que las fuerzas armadas profesionales, pongan todos los medios posibles para que este tipo de desgracias no vuelvan a ocurrir«.

Por tanto, entiende que «debe de cesar de inmediato todas y cada una de las acusaciones formuladas contra el letrado Romero, y ello por entender que hay hechos latentes donde, precisamente, no se puede inculpar a los letrados que representan las acusaciones particulares de «airear» la información obtenida legítimamente.

En relación a estos hechos, esta petición recuerda, como ya indicó el abogado de la viuda del cabo cordobés, Antonio Granados, que «casi cuatro días antes de tener las acusaciones resultado de la visitilla (para determinar si se decretaba prisión preventiva para los investigados) del pasado 29 de febrero, su resultado, ya estaba publicado en prensa».

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Por lo tanto, y al haber en el proceso penal tantas partes y tantos intereses, antes de sancionar, se debe de realizar una investigación exhaustiva para conocer que partes están cometiendo hechos que pudieran ser constitutivos de sanción, y una vez localizados, valorarlos en su conjunto y proponer el castigo pertinente.

Todo ello, por supuesto, contando con el sigilo profesional con el que debe de contar la abogacía española dentro de su código deontológico, y siempre teniendo presente que en ningún momento por parte del Juzgado al que nos dirigimos, se ha dictado el secreto de sumario.

Por último, recuerda este letrado cordobés, «no podemos dejar de compartir con este Juzgado la transcendencia mediática que, por desgracia, ha supuesto para la opinión pública española estas dos trágicas muertes ocurridas en el seno de unas maniobras PBI en el la base militar de Cerro Muriano».

Es importante, argumenta en su escrito el letrado de los padres del cabo, «tener presente que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia. Utilizar los canales apropiados facilita la tramitación de su solicitud y disminuye los plazos de respuesta«.

Alude además al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se expone que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

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Hay que recordar que la pieza separada recoge que el letrado sevillano podría haber «contravenido el carácter reservado de las diligencias sumariales» al revelar a los medios de comunicación cuestiones secretas del caso. El togado se basa en varios escritos presentados por los letrados de dos de los militares encausados en este procedimiento, el capitán y el teniente, en los que denuncian estos hechos.

El Togado Militar ponía el acento en la rueda de prensa que Romero ofreció el 22 de marzo de 2023 en la que «puso en conocimiento de los medios de comunicación aspectos resultantes de las diligencias sumariales practicadas en la referida fecha, en concreto, las declaraciones judiciales de los investigados que depusieron en sede judicial, pudiendo contravenir el carácter reservado de las diligencias».

Por otro lado, prosigue el juez, «se ha tenido conocimiento por este Juzgado Togado de una entrevista en radio emitida el pasado 20 de marzo de 2024 [...] en la que el entrevistado, el señor letrado Luis Romero Santos, vino a hacer público en el seno de la misma, extremos resultantes de una diligencia de investigación practicada en el referido sumario, en concreto una pericial sobre la flotabilidad de una mochila, practicada el día 19 de marzo».

La respuesta del letrado y profesor de Derecho no se ha hecho esperar. A través de un comunicado, Luis Romero denunciaba días más tarde que estaba recibiendo «presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar, presionada a su vez por sus jefes y los abogados militares de la defensa».

Pese a la pieza incoada, aseguró el letrado sevillano, «seguiré informando puntualmente a los medios de comunicación sobre este procedimiento, no solamente como abogado de la acusación, sino como portavoz de los padres del difunto soldado Carlos León».