La imputación judicial de Rocha devuelve a la RFEF al laberinto
El dirigente complica su futuro penal y deportivo el día en que es proclamado único candidato a presidir la Federación
Asegura ante la juez que desconocía la existencia de la prórroga del contrato de la Supercopa de Arabia que se aprobó siendo él vicepresidente
El laberinto en la RFEF después de la imputación de Rocha
Poco le duró ayer la sonrisa con la que cruzaba la puerta del juzgado a Pedro Rocha, expresidente interino de la Federación Española de Fútbol y único candidato a presidir la entidad tras presentar 107 avales de los 138 posibles ante la Comisión Electoral. Tras 45 minutos de interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción en los que recurrió con frecuencia a clásicos como el «no lo sé, no lo recuerdo, no me consta», el fiscal José Miguel Alonso Carbajo miró a la juez y solicitó parar en seco: pidió que su condición pase de testigo a imputado y vuelva al juzgado a declarar, pero con asistencia letrada, decisión que se materializará en breve en forma de auto. Ocurrió cuando estaba asegurando que desconocía asuntos que, por su posición y condición, se presume o se acredita ya que sí le constaban.
Tras la imputación, otro varapalo. A Rocha no solo se le complica su horizonte penal, sino también el deportivo. Tras recibir el apoyo masivo de los asambleístas, el dirigente extremeño debía ser coronado por aclamación este próximo lunes. Ahora, en cambio, tiene por delante una posible inhabilitación tras el expediente que le abrió el TAD por una infracción muy grave. Se le acusa de no convocar elecciones en su momento y de extralimitarse en sus funciones al frente de la Gestora por, entre otros motivos, ponerse el suelo de Rubiales, echar a Jorge Vilda o renovar a Luis de la Fuente. De prosperar dicho expediente, Rocha se enfrenta también a una suspensión cautelar del Consejo Superior de Deportes que le impediría tomar posesión.
Muchas dudas por resolver en Rocha, que por no saber, no sabía ayer ni por qué le nombró Luis Rubiales vicepresidente económico de la Federación. Dejó caer que quizá obedeciese a su buena fama de profesional, a que era el posible candidato de mayor edad, a que procedía del fútbol sala o a que no había estado investigado en ningún procedimiento viniendo, como venía, de la etapa de Villar. No fue concluyente. La sesión comenzaba así, tranquila, con una breve presentación de su currículum en la que ya empezaba a dejar caer que su función en la RFEF era «representativa» y no ejecutiva.
La cosa se complicó cuando el fiscal le preguntó en qué documento estaba su rol así definido, dado que presidía la Comisión en la que, según él mismo acababa de afirmar, «se debatía y decidía de forma colegiada» sobre todos los contratos de la Federación que implicasen pagos de más de 20.000 euros. Pero los problemas para Rocha comenzaron de verdad después de que dejase esta respuesta flotando en el aire: «No he participado en nada de la Supercopa».
El presidente interino insistió en que los contratos eran de 2019 y él no llegó a la Comisión hasta diciembre de 2020 –«No conozco nada anterior a mi incorporación»–. La cuestión es que, tal y como le hizo ver el fiscal, se firmó una adenda a la contratación para una prórroga cuando él ya era el número dos de la institución. Y Rocha, mientras el interrogatorio subía de tensión, se aferró a una idea: «Eso es un tema del señor Rubiales».
Según informaron a ABC distintas fuentes presentes en el interrogatorio, pregunta tras pregunta afirmó que se estaba enterando por el fiscal de que existía esa adenda de prórroga, porque no se había sometido a criterio de la Comisión Económica –«no ha pasado nada de Arabia por la Comisión»– y las negociaciones las llevaba «otra persona».
Dijo que él no había firmado el informe para la adenda y desconocía quién la había aprobado, como tampoco sabía nada del acuerdo inicial ya que nunca, dijo, vio el contrato ni Rubiales se lo comentó. Y no recordaba ya cuándo se lo dijeron, afirmó, porque «fue hace mucho tiempo». De la participación de Gerard Piqué, además, se había enterado por la prensa.
Misma línea cuando comentó que debía existir un libro con las actas de las reuniones quincenales de la Comisión Económica, porque todo se deja por escrito, pero nunca se asomó a mirar las anteriores a su mandato y por eso no sabía si se hizo informe sobre la Supercopa.
«Lo llevaba otra persona»
Con esta percha, reiteraría que no sabía nada del contrato, como tampoco tenía ni idea de si hubo discrepancias en su día con la contratación ni de las razones que llevaron a dimitir a los miembros del Comité de Ética y a la responsable de Integridad, Ana Muñoz, en 2020. «Si no ha pasado por la Comisión Económica yo no me puedo enterar», dijo en un momento de la comparecencia y en otro, al fiscal: «Le vuelvo a repetir que esas negociaciones las llevaba otra persona».
Hubo tiempo para un par de temas más que pudieron ser otra gota en el vaso. El último frente abierto por los investigadores, que se ha seguido en una pieza bajo secreto hasta desembocar en la detención de una decena de personas, incluidos Luis Rubiales y su hombre fuerte en la Federación, Tomás González Cueto, versa sobre los contratos de la institución con la instaladora Gruconsa. Fueron 3,8 millones de euros en distintos encargos, incluidas unas obras de acondicionamiento por cuenta de la sociedad Estadio de la Cartuja de Sevilla. Consta que tras cada adjudicación, la constructora hacía un pago a una empresa del amigo de la infancia de Rubiales, Javier Martínez Alcalde, alias Nene, que ahora es su socio. Supera el medio millón de euros.
Rocha aseguraba que el contrato clave de 2021 para las obras en La Cartuja no pasó tampoco por la Comisión Económica. Venía de afirmar que desconocía por qué unos contratos sí se elevaban y otros no. También se desmarcaba del último encargo a Gruconsa, un informe de proyectos de acondicionamiento frente a las deficiencias en la Ciudad Deportiva de Las Rozas que había detectado el Ayuntamiento del municipio madrileño. Sostuvo que aquello lo firmó el director de personal e infraestructuras y se borró de la ecuación porque, conforme dijo, en ese momento ya no estaba en la Comisión Económica sino en la gestora. Gruconsa fecha ese encargo el 12 de septiembre de 2023, Rubiales había dimitido 48 horas antes. La gestora se constituyó el 15 de septiembre.
Y en el apartado de las contradicciones, una más. Cuando intentaba sostener que la suya era una función exclusivamente de representación y no ejecutiva, subrayó que no tenía ni poderes ni acceso a las cuentas de la Federación, pero el fiscal le preguntó por la firma mancomunada que le había otorgado otro vocal en 2020. Eso no lo recordaba.
También fue interrogado sobre Cueto y tampoco sabía por qué la Federación contrató los servicios de su bufete teniendo sus propios abogados. Aseguraba que no sabía bien qué servicios prestaba, pero explicó que su contrato era «como una iguala» que se pagaba mensualmente y que contaba con una remuneración por el asesoramiento como comisionado externo y aparte, los pleitos, aunque desconocía las cantidades. Afirmaba también a preguntas del fiscal que resolvió su contrato una vez estalló el escándalo de la operación Brodie porque la RFEF «necesita estabilidad» y buena imagen frente a hitos como el mundial de 2030. «Nos jugamos mucho», subrayó, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Esa estabilidad que reclamaba Rocha pasa ahora por la posible intervención del CSD, quien deberá ponerse de acuerdo con la FIFA para tomar las riendas del la RFEF ante el enésimo sainete de la entidad.
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