Koldo pide a la Audiencia Nacional que le permita usar su moto y el coche para llevar a su hija al colegio

El escrito, al que tuvo acceso ABC, se presenta después de que el instructor Ismael Moreno, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, mantuviese el bloqueo de los vehículos que fueron intervenidos a todos los investigados cuando explotó la operación, el pasado 20 de febrero, en esta causa que se sigue por un pelotazo de 53 millones de euros públicos en mascarillas a una empresa instrumental.

Conforme explica la defensa de quien fue asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, el Kia de su mujer Patricia Uriz, y la Suzuki que tenía él son «los medios de transporte de que disponen» para su «día a día», es decir, «para poder trasladarse a sus trabajos, así como para poder llevar y recoger a su hija de cuatro años al colegio».

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Argumenta que si bien asumen los argumentos de la Fiscalía y el juez en tanto el bloqueo de los bienes se practica para asegurar posibles responsabilidades económicas en caso de condena y porque se utilizaron para asistir a reuniones y otros hechos que forman parte de la investigación, no pueden compartir «la extrema dureza» que supone para el matrimonio «privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario».

«Lo que esta parte ha solicitado es que se permita la utilización de unos bienes que, manteniendo la prohibición de vender o enajenar, no hace sino respetar la finalidad que se persigue con la medida cautelar, pues existiendo el bien, siempre podrá responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran en el futuro recaer. A mayor abundamiento, existen otros vehículos que han sido incautados, respecto de los cuales no se solicita su devolución ni autorización para su uso», razona el escrito.

Reclaman a la Sala de lo Penal que les permita utilizar la moto y el coche, aunque estén trabados a efectos de impedir su venta o transmisión, de manera que se garantice «el aseguramiento de las posibles responsabilidades económicas dimanantes» pero a la vez, se evite «el grave perjuicio que supone la no utilización de, cuanto menos dos medios de transporte a mis representados para poder así continuar con su vida cotidiana y su labor profesional».

Sin embargo, Anticorrupción se opone y argumenta que los vehículos cuyo uso reclaman «han sido adquiridos con posterioridad a los contratos investigados y coetáneamente al notable incremento patrimonial experimentado por el investigado Koldo García Izaguirre y su entorno familiar a consecuencia de las dádivas recibidas por su intervención en la adjudicación de los contratos investigados a «Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L.», así que entiende que »no procede«.

No son los únicos que andan enzarzados con el juzgado por cuenta de los bienes embargados. El hermano de Koldo, Joseba García, también reclamó que se liberase su vehículo, un Mercedes, aduciendo una «limitación física derivada de una intervención quirúrgica» pero a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, «la documental aportada no acredita en modo alguno la necesidad de una determinada tipología de vehículo para sus desplazamientos».

Mientras, el presunto comisionista de la trama, Víctor De Aldama, pidió sin éxito la devolución de, entre otros, un Ferrari Portofino que estaba en régimen de renting. Para la Fiscalía, en un argumento que también acogió el juez, dado que esa situación podía generar derecho a compra y que la adquisición era posterior a los contratos y pudiera nacer de ahí el dinero utilizado, no procedía su restitución.

Hay además un vehículo en liza igualmente bloqueado y para el que el juez ha pedido a Caixabank que informe sobre la realidad del contrato de arrendamiento que se esgrime para reclamar que se levante el embargo. Se trata de un Mercedes AMG que estaría alquilado a una de las empresas del grupo Cueto, Sistemas Integrales de Reparación y Mantenimiento S.L. (SISGRAL), cuya titularidad quiere esclarecer el instructor.