El exviceconsejero de Salud aplaza su fichaje por Asisa tras saber que lo investiga la Junta de Andalucía

En un escueto comunicado al que ha accedido ABC, Guzmán asegura que «lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie».

La ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos, que data del año 2005, prohíbe que un antiguo responsable político, en los dos años posteriores a su cese, trabaje en una empresa sobre la que hubiese tomado decisiones. «Se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo», señala la norma.

Guzmán, que en la pasada legislatura (2019-2022) fue gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), asegura en su nota que está «convencido de haber cumplido en todo momento con la ley» y que se ha enterado por los medios de comunicación de que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está elaborando un informe sobre su caso. El Gobierno andaluz supo de su fichaje a través de los medios de comunicación y asegura que actuará en consecuencia si se demuestra la incompatibilidad.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, señaló este jueves que prevé que se emita «en breve, en esta semana», el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán tras conocerse su contratación por la aseguradora.

El paso a la empresa privada del 'número dos' de la Consejería de Salud ha generado una ruidosa polémica política. Adelante Andalucía presentó este miércoles una denuncia ante la Oficina Antifraude, que va a hacer un estudio preliminar para decidir si la admite a trámite. El grupo de Ignacio García no descarta querellarse por un supuesto cohecho contra Guzmán. El PSOE andaluz no ha dudado en bautizar el episodio como «la macrocausa de Moreno Bonilla», antes incluso de que éste llegue a los tribunales. Por Andalucía, que agrupa a IU y Podemos, consideró «tibia» la respuesta de la Junta de Andalucía.