La oposición rechaza en el Parlamento pedir penas más duras para los okupas

La proposición, además de abogar por endurecer el Código Penal, solicita nuevas medidas en la ley de enjuiciamiento criminal, para mejorar la protección de personas físicas y jurídicas propietarias de viviendas o inmuebles cuando traten de recuperarlos; el desalojo de una vivienda okupada en 24 horas; modificar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de propietarios queden habilitados como personas jurídicas, al iniciar los procesos de recuperación; y cambiar la ley de bases de régimen local para evitar la inscripción de los okupas en el padrón municipal.

La diputada popular Begoña Freire recordó que este «fenómeno» ha ido «en aumento», «sin freno» -entre otros factores, por la «llegada al poder o espacios de decisión de partidos y personas pertenecientes a grupos que defendieron e incluso favorecieron» la okupación-. Citó datos de la Delegación del Gobierno, que apuntan a una okupación cada dos días, 16 al mes, con un salto de 169 en 2020 a 195 en 2021 y 177 solo hasta octubre del 22. Resultado: más de 600 viviendas ocupadas en Galicia, un salto de más del 15% frente a años anteriores.

Mientras, acusó, el PSOE «se niega a abordar los cambios normativos» que demanda la sociedad, a pesar de revelarse «insuficiente» la «actual legislación»; esto genera un «problema serio, de gran trascendencia social», con los propietarios en una situación de «verdadera indefensión». Pero el Gobierno, criticó, no da «respuesta» porque «no existe voluntad política»; «se lava las manos», «echa balones fuera» y sigue «de brazos cruzados, impasible ante el clamor» ciudadano. «El ordenamiento jurídico», remarcó, «debe ser adaptado y mejorado» para lograr una «protección efectiva» de los propietarios, y en aras, también de la «convivencia vecinal».

No hubo sorpresas en la postura del PSOE, que cerró filas con el Gobierno central. Eduardo Ojea acusó al PP de estar «intensificando una campaña que pretende hacer creer a la opinión pública que existe un problema de okupación», «generando una alarma social», cuando en Galicia, rebatió, supone menos del 1% del total nacional. «Transmiten una falsa idea de impunidad» e «indefensión» que consiste en «generar miedo para luego vender seguridad», atacó.

Por parte del BNG, Paulo Ríos acusó a los populares de «hacer oposición al Gobierno central» con un «relato» que situó «lejos de la realidad». El nacionalista bromeó con que el PP intenta hacer creer que la mayoría de víctimas de okupación se ajustan al caso de la «señora mayor que un día sale con el bastón a hacer la compra» y al volver tiene a una mafia en su piso. «Están trasladando cuestiones de su empresa matriz a las colonias», arremetió. Endurecer penas, cerró, «no va a resolver ningún problema».

Freire, que conoce de primera mano el problema porque vive en el barrio coruñés de Os Mallos, uno de los más afectados, censuró el inmovilismo de la oposición; y, en especial, que con Pedro Sánchez, plegado a Podemos y Bildu, el PSOE asuma un «discurso» que legitima la okupación.