El presunto negocio de un gran vertedero ilegal desde 2013: lo ofrecía por menos dinero de lo que cobran en otros autorizados

Cobraba una cantidad sustancialmente inferior a lo que se paga en otros centros autorizados de gestión de residuos, con lo que esta competencia desleal provocaba también que otras empresas llevaran sus residuos a este basurero, que tiene un gran volumen y extensión, aunque no se ha precisado su tamaño.

La Guardia Civil ya ha comunicado al juzgado competente la identidad de este investigado, que vendría realizando esta práctica desde hace más de una década. Ha clausurado además un vertedero ilegal al que llegaron desde plásticos, maderas, hierros o escombros hasta residuos peligrosos: neumáticos fuera de uso, filtros y envases de aceite motor, envases de pintura, disolventes y aceites vegetales o filtros de maquinaria pesada.

Que la cantera fuera un antiguo hueco minero, puede haber agravado la situación. Según los investigadores, posiblemente durante la fase extractiva se llegó muy cerca del nivel freático; esto es, la superficie que toma los puntos donde la presión del agua y la presión atmosférica son iguales. Por ello, «queda patente» que esas actuaciones son «susceptibles» de causar un daño al suelo con posible afección a las aguas subterráneas.

Así lo creen los agentes que han participado en esta operación, denominada Verseña. Han sido efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) y de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Illescas.

Pero en esta investigación, apuntan fuentes de la Guardia Civil, han sido «muy relevantes» los informes de técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. También han sido clave las inspecciones e informes de la Policía local de este municipio de unos 25.000 habitantes. «Se considera una investigación en la que la coordinación entre administraciones ha sido fundamental», subrayan las mismas fuentes.

El presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente podría enfrentarse no sólo a penas de prisión de seis meses a dos años. También se juega una multa de diez a catorce meses y una inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a dos años.