Bugallo recula y anuncia que no elevará a Fiscalía el 'caso Pichel'

El regidor se presentó en lugar de la edil Mila Castro, cuya firma figura en la adjudicación. Ante su salida a la palestra, la oposición no dudó en exigir respuestas. Consideran que el caso está plagado de irregularidades y alegados 'despistes' burocráticos que demandan que se traslade a Fiscalía, Bugallo anunció que Raxoi no planea remitirlo al no ver «indicios» imperantes. Sí lo hará el PP, como reafirmó su portavoz municipal, José Antonio Constenla.

El popular preguntó a Bugallo cuáles eran las «instrucciones de la alcaldía» que, según el informe de la directora del área, se dieron para elaborar en junta la propuesta del alquiler; y «quién indicó» que se acudiese a visitar las instalaciones de Desproi. El alcalde afeó que el portavoz no siguiese «ninguna de las nueve preguntas concretas» que se le habían notificado para su comparecencia, con lo que no las contestó hasta el final. Comenzó justificando la ausencia de un informe jurídico en la documentación del caso sosteniendo que «no era un requisito», tal y como «consta en el informe de intervención municipal» que, recordó, fue «favorable». El mismo argumento esgrimió sobre la falta de un proceso de concurrencia competitiva en su adjudicación, señalando que «en ningún caso» se ha abierto concurrencia en el alquiler municipal de locales, sino que en las últimas décadas se ha hecho «a través de un procedimiento» avalando las «condiciones idóneas» del inmueble y «un informe acreditativo» de que el precio negociado era el de mercado. El regidor mantuvo que Sionlla era la única opción ajustada para alojar las concejalías en conjunto, su elección recibió aprobado unánime en junta y que todo el proceso «está correcto» en el plano legal y «en ningún momento» llegó a cuestionarse su validez; o, al menos, no hasta ahora. A sus ojos, la cuestión ya está zanjada habiendo expuesto sus aclaraciones y dimitido el exconcejal, salvo por lo que pueda restar en el «ámbito de relaciones específico entre Pichel y las empresas de las que él forme parte». Raxoi, dijo Bugallo, fue en todo momento desconocedor de la vinculación del exedil con la empresa al no transparentar este su situación, privando al gobierno local de «conocimiento de causa».

A ningún grupo de la oposición convencieron las explicaciones del alcalde. Javier Fernández, concejal no adscrito, expresó que Bugallo «tiene un problema» de credibilidad: «Los silencios son más fuertes que las palabras», aseguró, señalando a una ausente Mila Castro, titular de la firma. Para Goretti Sanmartín (BNG), se trata de un tema «muy grave» y reiteró que existen «varias constataciones» en las que Raxoi «ha mentido» o, al menos, «silenciado su responsabilidad». Después intervino María Rozas, portavoz de CA, grupo responsable de que el caso trascendiese en un primer momento. Rozas incidió en el motivo por el que la firma de Pichel «desapareció» de la propuesta final de la junta, dejando solo la de Castroy preguntó «por qué la directora de Bienestar Animal», Esther Pedrosa, se «desentiende» del contrato y «habla de órdenes de la alcaldía». A renglón seguido, cuestionó que Castro decidiese el traslado «quince días antes de firmar el contrato». «Llevan un mes mintiendo», sentenció. Constenla siguió esta línea y advirtió que, de no arrojarse luz, se sentará un precedente para el beneficio a costa de procesos menos restrictivos en cuanto a acreditaciones o permisos, como es el caso del arrendamiento emrcantil.

En respuesta, el alcalde valoró que si antes «pensaba que había un tripartito» de «todos contra Bugallo», ahora este «tiene algún refuerzo importante». Admitió que no puede dar «una respuesta exacta» sobre la firma Mila Castro pero, explicó, «probablemente» lo hizo porque la propuesta se vinculaba a las competencias de la edil. Explicó que la visita a la nave fue protocolaria e incluyó a Pichel, Castro y varios técnicos y que se acordó en junta el «carácter inmediato» del traslado, de ahí que se diese antes que la propia firma. Reafirmó que se obtuvieron todos los informes «preceptivos» favorables y sostuvo que toda la documentación está sobre la mesa, pero faltan motivos que les hagan elevarla. «No se trata de enviar cualquier tema a Fiscalía», sentenció.