expertos consultados por abc
La subida del salario mínimo dificultará la reinserción de los 3 millones de parados
La barrera salarial se configura como el principal obstáculo para recuperar el empleo al tratarse de perfiles poco cualificados
Aleja a los desempleados de contratos a tiempo completo y los aboca a jornadas parciales
Los analistas también prevén expulsiones de entre los asalariados al suponer un incremento sustancial de los costes laborales
La duración de los nuevos contratos se desploma al mínimo en 17 años y el 63% no supera la semana
El debate previo a la reciente aprobación de la última subida del salario mínimo interprofesional osciló durante no pocas semanas sobre la abundancia de la revalorización y sobre el impacto que podría tener para las empresas por la implicación en los costes laborales y el efecto redistributivo sobre los 2,5 millones de asalariados que han visto incrementarse un 8% sus nóminas de forma automática.
Sobre estas dos líneas de discusión, la de los costes empresariales y la del impacto sobre el mercado laboral, nos encontramos con la postura de la patronal que propuso una revalorización del 4% para este ejercicio al considerar que elevar por encima de este umbral los costes asociados a las bases máximas de cotización podría suponer un golpe a la linea de flotación principalmente de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que en muchos casos arrastran aún las heridas de la pandemia y de la crisis inflacionista del pasado año.
Por contra, el Gobierno considera que la subida a 1.080 euros es más que asumible para el tejido productivo, más saneado en términos de deuda que en anteriores momentos de fuertes desequilibrios económicos, y que además han contado con un nutrido pliego de ayudas extraordinarias en los peores meses de la pandemia y a la postre con las líneas de los créditos ICO.
Mientras, por el lado del mercado laboral, el debate -aún inconcluso- oscila entre el impacto negativo sobre la creación de empleo que constatan no pocos organismos de estudio, como el del Banco de España o el reciente y polémico informe encargado por el propio Ministerio de Trabajo a la catedrática de Economía Sara de la Rica con el que se buscaba un refrendo a la subida planteada y que sin embargo arrojó un aviso nítido de los efectos contraproducentes que tendría para la creación de empleo en los sectores sensibles a la subida -cifra en casi 30.000 puestos los destruidos por la subida del 22% en 2019-, los menos cualificados, ocupados por mujeres y menores de 30 años, y en la mayoría de casos encuadrados en el sector servicios.
Aquí, la otra línea argumental sí que asumen la gran mayoría de expertos consultados y de informes emitidos por organismos de estudio económico está en la consideración del SMI como un potente instrumento redistributivo de renta y de riqueza, y como un fuerte catalizador para estrechar la brecha salarial entre hombres y mujeres que los sindicatos sitúan en el 21%.
Barrera de entrada
Sin embargo, en todo este debate aparece un tercer actor en discordia ignorado durante el proceso de negociación -al menos no cuenta con representación en el diálogo social- y que está altamente afectado por la revalorización, que acumula ya un 47% en los últimos cinco años: el colectivo que conforman los 3 millones de parados en España.
Para ellos, aunque no existe un impacto directo por la medida sí que implica el mayor de los efectos colaterales: la complicación cada vez mayor de reengancharse al mercado laboral. Cabe recordar que muchos de estos parados son perfiles profesionales procedentes de los sectores sensibles a la subida, por lo que este aumento de remuneración implica que los empleadores tomen las decisiones de contratación con pies de plomo. Y más aún tras el agravamiento de la temporalidad con la reforma laboral.
Según el director regional del Sur de Europa de Hays, Christopher Dottie, esta última subida del 8% no conllevará un ajuste de empleo pero sí que complicará aún más la vuelta al mercado laboral de la gran mayoría de los más de tres millones de parados.
Tal y como explica a ABC el experto de la compañía de soluciones de personal y contratación, «cuanto más sube el salario mínimo, más difícil es reducir la bolsa de desempleados». Y esto es así, como se ha mencionado, porque entre los desempleados se encuentran precisamente los perfiles más sensibles a la subida, los menos cualificados, ocupados por mujeres y menores de 30 años, y en la mayoría de casos encuadrados en el sector servicios.
Además, señala el experto de Hays que otro de los problemas que entraña la subida del SMI pactada por el Gobierno y los sindicatos es, precisamente, que no cuenta con un consenso pleno ni con la participación de la patronal en la decisión final.
«Eleva el umbral, el listón de entrada de los parados al mercado laboral. Sobre todo para quienes buscan trabajar a jornada completa», explica en un breve análisis para este medio el economista Javier Santacruz. El experto recuerda en este punto que la subida hasta los 1.080 euros no afectará a quienes sean «parados friccionales». Es decir, aquellos que están de alta en las listas del desempleo pero con la certeza de una reinserción temprana.
«Son los que menos», explica Santacruz recordando que la bolsa de parados en España se caracteriza precisamente por el gran peso de quienes acumulan más de 12 meses como demandante de empleo: los parados de larga duración. Así, concluye que para todos ellos el reenganche al mercado de trabajo pasa por contratos a tiempo parcial, «pese a que quieran trabajar más horas y por más salario».
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El catedrático de Economía Aplicada, Juan Iranzo, apunta a ABC que cuanta más se suba el salario mínimo «más se expulsa a gente del mercado de trabajo». «Esto favorece la economía sumergida y penaliza el empleo», señala apuntando que «no solo porque supone una barrera de entrada sino porque conlleva un encarecimiento enorme de los costes laborales».
«Va a penalizar mucho a la agricultura, ya que es un sector que en este momento tiene problemas», pero también al de los servicios, limpieza, comercio, hostelería y también del empleo doméstico, según advierte Iranzo. Además, asegura que «aleja a los parados del mercado laboral».
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