Pablo Iglesias propone una reforma electoral para restar escaños al PP

Unidos Podemos ha presentado este martes su propuesta para reformar la ley electoral. Apelando al principio de «igualdad democrática» y al de «proporcionalidad», los de Iglesias proponen sustituir el actual sistema de reparto, regido por la denominada ley D´Hont y sustituirlo por el sistema Sainte-Lagüe, una fórmula utilizada en países como Alemania o Noruega que es más proporcional y beneficia a los partidos más pequeños.

La iniciativa de los de Iglesias pretende, según su explicación, reducir las diferencias de proporcionalidad entre el voto logrado y su conversión en escaños. Con este sistema, el partido más perjudicado sería el PP, mientras que el más beneficiado sería Ciudadanos. Desde Unidos Podemos denuncian que en las últimas elecciones generales, las de junio de 2016, el PP obtuvo un 33 por ciento de los votos, lo que se tradujo en 137 de los 350 escaños que tiene en la actualidad el Congreso de los Diputados, es decir, un 39,1 por ciento de los diputados de la Cámara Baja, lo que supone un 6,1 por ciento de diferencia respecto al voto

Ciudadanos obtuvo en los últimos comicios generales un 13,1 por ciento de los votos, logrando 32 escaños, es decir, un 9,1 por ciento de los diputados fueron a parar al partido de Albert Rivera; esto supone una diferencia de cuatro puntos porcentuales respecto al voto. En el caso de Unidos Podemos, la diferencia entre el voto y su traducción en escaños no es tan grande como la de Ciudadanos, pero también existe. Los de Iglesias sacaron en las elecciones generales del 2016 un 21,1 por ciento de los votos, logrando 71 diputados en el Congreso, es decir, el 20,03; lo que supone una diferencia de 0,8 puntos entre el voto y la obtención de escaños.

En la propuesta de Unidos Podemos se incluyen los cálculos de cómo se hubiera procedido al reparto de escaños con los resultados de las últimas elecciones generales con la aplicación del sistema Saint-Lagüe. En este sentido, el partido más perjudicado sería el PP, que pasaría de 137 a 122 escaños, es decir, un 34,9 por ciento de los diputados de la Cámara Baja. El PSOE sería mucho menos perjudicado que los populares, pasando de los 85 escaños obtenidos con la ley D´Hont a 84 que obtendría con el sistema propuesto por los de Iglesias.

El más favorecido sería Ciudadanos, que hubiera obtenido 44 diputados con el mismo número de votos, 12 más que los que tiene en la actualidad. Unidos Podemos pasaría de los 71 escaños que posee en la actualidad a 77, es decir, seis más con el mismo número de votos. De esta manera, defienden los de Iglesias, «acercaríamos más el sistema a la proporcionalidad y por tanto al principio de igualdad democrática». Aunque defienden –y así lo recogen en su programa electoral– el cambio de la circunscripción provincial por la autonómica, han admitido que «haría falta una reforma cosntitucional, en estos momentos bloqueada", por lo finalemente han apostado por una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que requiere solamente de una mayoría en el Congreso.

La iniciativa de Podemos también propone una serie de reformas dentro de la LOREG que van más allá de la fórmula de reparto de escaños. En este sentido, los de Iglesias han propuesto bajar la edad mínima para ir a votar a los 16 años, «un millón de personas que tienen un sentido formado en los asuntos públicos y que tienen derechos y obligaciones comparables a los de las personas adultas». También han puesto sobre la mesa la «eliminación de los obstáculos que la reforma del voto rogado de 2011 ha impuesto al derecho al voto de los españoles en el extranjero» e incorporar la regla de las denominadas listas cremalleram donde el orden de las papeletas electorales debe ser siempre «hombre-mujer-hombre-mujer...» o «mujer-hombre-mujer-hombre...» y donde la cremallera solo se puede romper si es para beneficiar a las mujeres.

Por último, han propuesto que, «con el objetivo de reducir el gasto público, todas las papeletas lleguen en un único sobre durante el buzoneo electoral», así como que haya, al menos, dos debates obligatorios entre los candidatos a presidente del Gobierno.