El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría
El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría - EFE

El presidente del Consejo de Estado cree que debe evaluarse si las CC.AA. deben devolver competencias

Romay Beccaría cuestiona que el Estado tenga los poderes que necesita «para garantizar la solidaridad, la igualdad y el respeto a la ley»

MadridActualizado:

Tal y como asumía el Grupo Socialista, la comparecencia del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, este miércoles ante la Comisión para la Modernización del Estado Autonómico no ha servido tampoco para impulsar su plan de reforma de la Constitución española.

Como ya hicieron los tres padres de la Constitución que siguen vivos hace justo una semana, ha considerado que existen cambios que podrían introducirse en la Carta Magna para mejorar el funcionamiento del modelo territorial pero ha defendido que cualquier modificación debe tener un objetivo previamente detallado, contar con un acuerdo político previo que cuente con un amplio consenso, haber sido profundamente suficientemente madurada y ser fruto de un diálogo sereno con la sociedad. Condiciones que no se dan en el momento actual aunque esta conclusión es tan obvia que Romay Beccaría no ha necesitado apuntarla. «Cualquier reforma debe tener claros sus fundamentos», ha advertido.

Entre las modificaciones a introducir, además de recordar por el Consejo de Estado en el informe realizado en 2006 a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Romay Beccaría ha considerado necesario evaluar si el Estado tiene las competencias suficientes para garantizar los principios fundamentales contenidos en la Carta Magna: igualdad, solidaridad y respeto a la legalidad.

«Lo primero es que la descentralización funcione y no sea una fuente de conflictos: que haya cooperación, principios de solidaridad e igualdad. Hace falta ver si el éxito del modelo el Estado se conseguiría si el Estado tuviera algunas competencias más, sería muy razonable estudiarlo en la reforma», ha considerado.

En esta línea, ha recordado que desde 2012 el organismo que preside ha tenido que informar de 48 recursos contra 46 leyes de comunidades autónomas y cuatro conflictos de competencias. «Tenemos que buscar el entendimiento, buscar los valores de la Transición y dedicar todas nuestras energías a preservar las instituciones y preservar el cumplimiento de la ley».

También ha apostado por reflexionar sobre si cabe llevar a una futura reforma el deber de leal cooperación entre todas las Administraciones Públicas entre sí, para reforzar al Estado frente a órdagos como el de Cataluña.