Los habitantes de la vereda Puerto Rey, jurisdicción del corregimiento La Boquilla, consideran que la poca atención que el Gobierno Distrital les presta tiene como intención que se desilusionen y terminen vendiendo sus predios a los grandes inversionistas.
Así lo asegura Agustina Carmona, del Consejo Comunitario, quien añade que la falta de un alcantarillado, de un puesto de salud, la mediocridad del servicio de energía eléctrica, las vías en mal estado y el transporte público caro y escaso son una muestra fehaciente de lo que conjeturan.
Puerto Rey tiene casi 200 años, aunque su fundación data de menos. Hace parte de la zona norte de Cartagena, con 700 viviendas y 1.800 habitantes de mayoría afrodescendiente, quienes dicen estar clasificados como estrato cero.
La economía y el renglón laboral del pueblo se mueven entre la pesca y la agricultura, esta última un poco diezmada por la falta de óptimas carreteras que permitan transportar los productos para su respectiva comercialización.
“Eso ocurre sobre todo en invierno, porque el pueblo se inunda y los agricultores tienen que dejar los productos guardados en sus parcelas, hasta que terminan dañándose”, cuenta Jordy Pineda, otro de los líderes comunitarios de Puerto Rey.
La dirigencia comunal dice haber cumplido cualquier cantidad de años solicitando al Gobierno Distrital el mejoramiento de la carretera, la construcción del alcantarillado y la pavimentación de las calles, pero hasta el momento sus peticiones no han surtido efecto.
“Otra cosa --expresan-- que nos pone a pensar que lo que quieren es que abandonemos nuestras tierras, es que aún no nos han hecho la titulación colectiva a que tiene derecho todo asentamiento afrocolombiano. Al Consejo Comunitario también lo tienen en veremos, y de esa forma son pocas las herramientas de las que disponemos para defendernos”.
Remberto Manrique, otro activista cívico, afirma que lo que afecta a los agricultores no son solamente las vías en mal estado. “También necesitan acceso a generosos préstamos bancarios y obtención de maquinarias que faciliten y modernicen su labor. Ahora mismo, muchos campesinos tienen una cantidad de tierra que no saben cómo trabajar y el único camino que les queda es venderlas para irse a las ciudades en busca de futuro”.
Por la falta del alcantarillado, las aguas servidas ruedan por las calles y permanecen en los patios, pero también son motivo de discordias entre vecinos, que se acusan mutuamente de la suciedad y los malos olores que emanan de esas corrientes.
“No solo son las peleas entre vecinos, las enfermedades de la piel y las respiratorias también nos atacan. Con no construirnos el alcantarillado, el Distrito está ignorando una sentencia de la Corte Constitucional, donde ordena que se nos haga en el menor tiempo posible. Pero ya han pasado dos años desde que esa orden se dio a conocer”, relata Agustina Carmona.
Hace dos años también se inició la reconstrucción del único puesto de salud que tiene la vereda, pero de un momento a otro se paralizó la obra y ahora los pacientes son atendidos en una vivienda, por médicos que vienen solo tres veces a la semana.
Pero pese a los graves problemas que sufre Puerto Rey, sus terrenos no dejan de ser apetecidos hasta por los más desposeídos, tomando en cuenta que a la entrada del pueblo crecen dos invasiones, que nacieron desde que abrieron la vía para que entraran los camiones que participaron en la construcción del emisario submarino.
Los habitantes atribuyen a esas invasiones el incremento de la inseguridad y de otros problemas de orden público, como las fiestas de picós los fines de semana, las cuales empiezan en las tardes de los viernes y terminan los lunes hasta bien entrado el día.
“Aquí no se aplica el Código de Policía que controla el ruido y protege la tranquilidad de los moradores. Nosotros llamamos a los agentes y nos dejan esperando. Tratamos de concienciar a los comerciantes que hacen esos bailes, y lo que logramos es ganarnos su odio”, señalan los dirigentes comunales, quienes agregan que con las invasiones y los bailes de picós también se ha inundado el pueblo de microtráfico, atracos a mano armada y adolescentes embarazadas.
“Pero eso es fácil que suceda --explican--, porque este pueblo no tiene espacios recreativos donde niños y jóvenes practiquen actividades diferentes.”
En cuanto a educación, solo cuentan con una institución educativa de bachillerato, “pero quisiéramos que nos fundaran una universidad donde se enseñen las áreas que necesita la vereda, para que los jóvenes no tengan que irse a otras partes a vender su fuerza de trabajo”.
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