En la edición de El Universal impreso de ayer llevábamos la noticia en la columna de Primera Página diciendo que “Bañistas no acatan la restricción en las playas”, hecho que es repetitivo y que a veces acompañamos con la foto de los bañistas al fondo y el aviso prohibiendo la inmersión en primer plano.
En la Cra. 17 de Manga, que comienza diagonal al fuerte del Pastelillo sobre la avenida Miramar hay avisos a todo su largo prohibiendo aparcarse allí, pero los avisos parecen una invitación a hacer lo contrario a juzgar por la cantidad de automóviles que se parquean allí, y si hay algún negocio al otro lado de la calle, es normal que allí se encarame un auto a descargar cosas, con medio carro en la acera y medio en la calle, dejando si acaso un paso estrecho para el tráfico. Esta escena se repite en cualquier calle de la ciudad, incluyendo las de alta densidad de tráfico, que ya son casi todas.
En la mencionada Cra. 17 hay un puesto de fritos justo debajo de un aviso de prohibido aparcar y con frecuencia allí mismo hay un auto detenido comprando estas viandas, mientras el resto del carril también está ocupado. Cosas similares ocurren en el resto de la ciudad.
En la ciclorruta del túnel de Crespo hay una señalización detallada advirtiendo que ese es el espacio para estos vehículos de dos ruedas, pero los peatones, que son multiestrato y muchos son profesionales, también la ignoran y caminan por allí sin importar lo que indican los avisos. Todos los avisos y las instrucciones en la ciudad parecen ser discrecionales, pero no dejan de ponerlos.
Cosa parecida ocurre con los pasos peatonales llamados ‘cebras’ en las calles de la ciudad. Además de que los automovilistas las desacatan, o las acatan unos y otros no, convirtiendo el cruce en una carrera de obstáculos para arriesgar la vida, los propios peatones cruzan por cualquier parte y solo una minoría las usa a menos que sean la única opción en un sitio determinado.
¿Para qué seguir con la inutilidad de poner señales en Cartagena que nadie obedecerá? Hasta ahora parece ser que estos elementos son una mera formalidad, acatada solo porque alguien ‘tiene’ que ganarse ese contrato y alguien también ‘tiene’ que otorgarlo, como ha ocurrido con estos y tantos otros en la ciudad.
Debería ser un propósito de Estado hacer cumplir la señalización mediante la zanahoria y el garrote, o no ponerla más y que la ciudad se ahorre ese dinero botado, porque al desacatarse con impunidad solo sirve para afianzar una conducta delictiva de irrespeto sistemático a las normas.
